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La petición de reintegro del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados puede suponer la pérdida de las costas al consumidor

La Unión de Consumidores de Castellón, en interés de uno de sus asociados, ejerció acción de nulidad por abusividad de las cláusulas relativas a la imposición de gastos y tributos a cargo del prestatario hipotecario y de cláusula suelo, contenidas en el préstamo hipotecario suscrito por el consumidor con la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), S.A..

Tras conocer del caso el Juzgado de Primera especializado de Castellón, el pasado 13 de diciembre de 2017 se dictaba sentencia (no 258/17) la cual resolvía estimando parcialmente la demanda interpuesta por la UCE en interés del consumidor.

En ésta, se reconocía la nulidad de las cláusulas relativas a los gastos de constitución de la hipoteca (aranceles notariales y registrales ocasionados por la constitución, modificación, subsanación y rectificación de la misma), los gastos de gestoría, y también la cláusula suelo, condenando a la entidad bancaria a resarcir al consumidor en dichos pagos indebidos.

Ahora bien, la sentencia en su fundamento de derecho octavo, entendía que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) debe abonarse por el prestatario (consumidor) conforme la normativa tributaria imperativa (Ley y Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). De manera que suprimida la cláusula abusiva, no procedía restituir cantidad por dicho concepto. Dispone asimismo que la aclaración respecto del sujeto pasivo de un tributo es competencia de los Tribunales Contencioso-Administrativos, y estos ya se han manifestado a tal propósito (en sentencia del Tribunal Supremo, Contencioso- Administrativo, Sección 2a, de 20 de enero de 2004), entendiendo que es el prestatario el obligado tributario.

Por consiguiente se estima parcialmente la pretensión de condena, ya que existe una diferencia superior al 15% entre lo pedido por el consumidor y lo concedido por el Tribunal. La importancia de todo ello reside en que la estimación parcial de la demanda supone que cada parte debe abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, en recta aplicación del artículo 394.2 LEC.

En consecuencia, debe advertirse al consumidor del riesgo que supone reclamar por el IAJD en su demanda contra la entidad bancaria que pretende la nulidad por gastos de constitución de la hipoteca. Ya que la cuantía de este impuesto suele ser superior al resto de conceptos reclamados (notaria, registro…), lo cual producirá una estimación parcial de la petición y la obligación del consumidor de asumir su parte de las costas.

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