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Entra en vigor el nuevo Bono Social Eléctrico

El Bono Social es un descuento en la factura eléctrica, hasta unos límites máximos de energía, que puede solicitar el titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual y que además esté acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Cumpliendo estos dos requisitos imprescindibles, la nueva normativa prevé tres categorías de clientes que pueden solicitarlo.

En primer lugar, aparece la figura del consumidor vulnerable, a los que se aplica un descuento del 25% sobre el PVPC. Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor vulnerable, deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:

a) Que su renta anual o la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior a los 11.279€, siempre y cuando no haya menores a su cargo; en el caso de haber un menor en la unidad familiar la renta debe ser menor o igual a 15.039€; y en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar la renta máxima aumenta a los 18.799.

b) Estar en posesión del título de familia numerosa.

c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos.

La segunda figura que prevé la norma, y que supone un 40% de descuento en el PVPC, es la del consumidor vulnerable severo, siempre que los límites de renta no superen unos determinados porcentajes que están por debajo de los exigidos al consumidor vulnerable.

Por último, el consumidor en riesgo de exclusión social es quien, reuniendo los requisitos para ser vulnerable severo, sea atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, corriendo el resto del importe a cargo de la comercializadora. El suministro de electricidad no podrá ser suspendido.

“SE ESTABLECE UN PLAZO DE SEIS MESES PARA QUE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES VUELVAN A SOLICITARLO”

Las solicitudes pueden presentarse ya ante las comercializadoras eléctricas, vía telefónica, mediante correo electrónico, correo postal, y en las propias oficinas de las entidades. Los antiguos beneficiarios del bono social disponen de 6 meses (hasta el 10/04/2018) para acreditar que reúnen los requisitos.

Cuando un consumidor que esté acogido al bono social vaya a suscribir un contrato con un comercializador en mercado libre, el comercializador entrante deberá informar expresamente al consumidor, de que la suscripción del nuevo contrato en libre mercado implicará que no resulte aplicable el bono social, mediante un documento individual e independiente que lleve por título «Renuncia a la aplicación del bono social», que deberá ser firmado por el consumidor como requisito necesario para la válida suscripción del nuevo contrato.

Del mismo modo, cuando un consumidor que, estando acogido al PVPC, no sea perceptor del bono social, vaya a suscribir un contrato en mercado libre, el comercializador entrante deberá informar expresamente al consumidor de que, si cumpliera los requisitos para acogerse al bono social, la suscripción del nuevo contrato impedirá la aplicación de aquél.

“LA FALTA DE INFORMACIÓN IMPLICARÁ QUE UNA BUENA PARTE DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS NO LLEGUEN A SOLICITARLO POR DESCONOCIMIENTO”

La Unión de Consumidores de Castellón entiende que se trata de una medida insuficiente del Gobierno para hacer frente al gravísimo problema de la pobreza energética ya que su aplicación puede dar lugar a bastantes problemas; por ejemplo:

  • El requisito para ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social se condiciona a que una Administración local o autonómica se esté haciendo cargo de una parte de la factura eléctrica, esto es, se supedita a la predisposición presupuestaria y asistencial de una administración local o autonómica.
  • La ausencia de información, implicará que muchas familias no soliciten el descuento por mero desconocimiento de que existe esa posibilidad.
  • Tendrían que haberse establecido un mayor número de variables que permitieran una mejor distribución de las ventajas que proporciona el bono, atendiendo al número de personas que residen en el domicilio o el coste de la vida según el lugar de residencia.

Desde la Unión de Consumidores de Castellón instamos a las distintas administraciones para que faciliten la difusión y los modos de solicitud del bono social eléctrico, especialmente, entre los pensionistas, las familias numerosas o aquellas que se encuentren atendidas por servicios sociales.

Más información:

http://www.minetad.gob.es/energia/bono-social/Paginas/bono-social.aspx

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